La situación de Ceuta vuelve a recordarnos que la protección de las personas menores de edad no es una cuestión de ideología, sino una obligación jurídica, ética y democrática.
Ceuta vuelve a ocupar titulares. Miles de personas han llegado en apenas unos días a la ciudad autónoma y, entre ellas, centenares de niños y adolescentes que hoy duermen en las calles, bajo una manta o en cualquier rincón donde el miedo les permita cerrar los ojos unas horas. Algunos han sido ya identificados y trasladados a recursos de acogida. Otros siguen esperando que alguien les
pregunte siquiera cómo se llaman.
En medio del ruido político, conviene detenerse un instante. Antes que inmigrantes irregulares, antes que cifras o expedientes administrativos, son menores de edad. Y eso, en un Estado de derecho, no es un matiz: es la diferencia entre un problema migratorio y una obligación jurídica.
España ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. Nuestra legislación establece que el interés superior del menor debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. Eso significa que un niño que llega solo a nuestro país tiene derecho a ser protegido, identificado, atendido sanitariamente, escolarizado cuando corresponda y tutelado mientras se determina cuál es la
solución que mejor garantice su bienestar. No porque haya cruzado una frontera, sino precisamente porque es un niño.
El Gobierno ha anunciado una dotación extraordinaria de 25 millones de euros para reforzar la atención a estos menores en Ceuta. La medida llega cuando la capacidad de acogida de la ciudad se encuentra claramente desbordada. El dinero es necesario. Sin recursos no hay profesionales, ni plazas, ni atención psicológica, ni educación, ni protección efectiva. Pero el presupuesto no debería convertirse en el centro del debate. La verdadera pregunta es otra: ¿seremos capaces de garantizar derechos cuando las cifras dejan de ser manejables?
Muchos de estos chicos proceden de familias marcadas por la pobreza, la falta de expectativas o la ausencia de oportunidades. Otros escapan de situaciones familiares complejas o responden a un proyecto migratorio compartido con sus propios padres, que depositan en ellos la esperanza de un futuro distinto. Ningún adolescente se juega la vida en el mar por capricho. Detrás de cada
travesía suele haber una mezcla de necesidad, desesperación y esperanza.
Después llega Europa.
Y Europa no siempre sabe qué hacer con ellos.
Los menores no acompañados permanecen durante meses, a veces años, bajo la tutela de las administraciones públicas. Algunos consiguen aprender el idioma, continuar sus estudios, acceder a formación profesional o incorporarse al mercado laboral cuando alcanzan la mayoría de edad. Otros cumplen dieciocho años con un permiso precario, sin red familiar y con enormes dificultades para encontrar vivienda o empleo. El riesgo de exclusión no termina cuando dejan de ser menores. En muchos casos, apenas empieza.
Hablar de estos niños y niñas exige también desmontar simplificaciones. No todos acabarán integrándose con éxito. Algunos arrastrarán heridas profundas. Otros abandonarán los itinerarios educativos. Como ocurre con cualquier colectivo vulnerable, habrá trayectorias muy diferentes. Pero reducirlos a una amenaza o a una carga económica significa ignorar tanto la realidad como la
evidencia.
La protección de la infancia nunca debería depender del origen, del color de la piel o del lugar donde nació un niño. Ceuta no necesita únicamente recursos extraordinarios. Necesita una
respuesta coordinada entre administraciones, una distribución solidaria de la acogida y una política migratoria que no llegue siempre después de las crisis. Porque cuando el sistema actúa únicamente cuando las imágenes ocupan las portadas, la emergencia deja de ser excepcional para convertirse en rutina.
Quizá dentro de unos meses estos menores habrán desaparecido de los informativos. Pero seguirán creciendo. Seguirán necesitando una escuela, un educador, un médico, un permiso de residencia y alguien que les recuerde que la palabra’ protección’ no puede depender del lugar donde uno nació.
La forma en que tratamos a estos niños dice mucho menos de ellos que de nosotros.
Y esa es, probablemente, la noticia más importante.
Esther Roig Belloch
Periodista y presidenta ONGD MENUTS DEL MÓN
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