En los programas electorales, la infancia suele ocupar un lugar paradójico: aparece mucho en las fotografías y poco en las prioridades reales.
Se invoca cuando se habla de “futuro”, de “familia” o de “demografía”, pero rara vez como sujeto político con derechos propios. El resultado es una invisibilidad
estructural: los niños y niñas están en el centro del discurso emocional, pero en la periferia del presupuesto.
En el estado español, la inversión pública en protección social de infancia y familia se sitúa en torno al 1,6% del PIB, por debajo de la media de la Unión Europea, que ronda el 2,5%. Esa distancia no es técnica: es política. Define qué vidas se sostienen colectivamente y cuáles dependen casi exclusivamente
de la capacidad económica del hogar.
Comunitat Valenciana: la escuela pública como termómetro del malestar
La Comunitat Valenciana se ha convertido en uno de los escenarios más visibles del desgaste del sistema educativo público. El conflicto con el profesorado ha derivado en movilizaciones y huelgas que denuncian un problema de fondo: aulas masificadas, falta de recursos humanos, dificultades para atender la diversidad del alumnado, infrafinanciación estructural e infraestructuras que llegan tarde o no llegan.
La protesta no se limita a las condiciones laborales. Es, sobre todo, una advertencia sobre el estado de la escuela pública como columna vertebral de la igualdad de oportunidades.
Cuando el sistema educativo se tensiona, no lo hace de forma neutra. El impacto se concentra en los centros con mayor complejidad social, es decir, en los niños y niñas que más dependen de la educación pública para compensar desigualdades de origen.
Una infancia que no entra en la agenda
La infancia apenas aparece como prioridad transversal en el debate político estatal.
Se habla de natalidad, pero no de crianza. De familia, pero no de pobreza infantil. De educación, pero muchas veces desde la lógica del conflicto presupuestario y no desde la garantía de derechos.
Sin embargo, los datos son persistentes y poco discutidos: España mantiene una de las tasas de pobreza infantil más altas de la Unión Europea. En torno a un tercio de los menores está en riesgo de pobreza o exclusión social, según los últimos indicadores armonizados.
No es un fenómeno coyuntural. Es una estructura que se reproduce incluso en contextos de crecimiento económico y creación de empleo.
Europa: invertir más o cronificar la desigualdad
Los países con mejores indicadores de bienestar infantil —como Finlandia, Suecia, Dinamarca o Noruega— no lo consiguen por casualidad. Comparten un patrón común: inversión sostenida en educación pública, políticas de conciliación robustas, redes de protección social amplias y servicios de atención temprana universales.
En estos modelos, la infancia no es un capítulo del gasto social, sino un eje estructural del Estado del bienestar.
En el otro extremo, los países con menor inversión en infancia tienden a presentar mayores niveles de pobreza infantil, peores resultados educativos y una transmisión más fuerte de la desigualdad entre generaciones.
España se sitúa en una posición intermedia en gasto social total, pero con un sesgo claro: la infancia no es una prioridad presupuestaria equivalente a su peso social.
Cuando la escuela pública se convierte en frontera social
Las reivindicaciones del profesorado valenciano no son un episodio aislado. Hablan de ratios elevadas, falta de personal de apoyo, dificultades para la inclusión educativa y una creciente carga burocrática que reduce el tiempo pedagógico. Hablan, en definitiva, de una escuela que intenta sostener más vulnerabilidad con menos recursos.
Distintos informes educativos y sociales han alertado de un fenómeno ya conocido: cuando la escuela pública pierde capacidad, la desigualdad no disminuye; se reorganiza. Y suele hacerlo a costa de quienes ya parten en desventaja.
La política y lo que decide no mirar
La infancia tiene una debilidad estructural en el sistema político: no vota. Esa ausencia de representación directa la convierte en un terreno fácilmente desplazable en las prioridades públicas. Pero sus efectos no son invisibles: se acumulan en forma de desigualdad educativa, pobreza persistente y menor movilidad social.
Invertir en infancia no es una política sectorial. Es una decisión de modelo de país.
Pobreza infantil y desigualdad
En torno al 30-33% de los niños y niñas en España se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, según indicadores recientes armonizados en la UE. La tasa de pobreza infantil en España es una de las más elevadas de la Unión Europea, comparable a países con menor renta per cápita media.
La pobreza infantil es más alta que la del conjunto de la población, ampliando la brecha intergeneracional de desigualdad.
Inversión pública
España destina aproximadamente 1,6% del PIB a protección social de infancia y familia, por debajo de la media de la UE (~2,5%). Los organismos internacionales como UNICEF y la Comisión Europea insisten en que la inversión en infancia es uno de los factores más determinantes para reducir desigualdad estructural.
Educación y escuela pública
El sistema educativo en el estado español mantiene diferencias territoriales significativas en inversión por alumno, ratios y recursos de atención a la diversidad.
La presión sobre la escuela pública es mayor en zonas urbanas con alta concentración de vulnerabilidad social, donde el sistema actúa como principal mecanismo de compensación.
La infancia no está fuera de la política. Está dentro, pero en el lugar equivocado: en el margen de las prioridades, en la nota a pie de presupuesto, en el discurso que se pronuncia, pero no se ejecuta.
Y mientras tanto, la escuela pública sigue sosteniendo lo que el sistema político aún no ha decidido sostener del todo.
La pregunta no es si la infancia importa. La pregunta es por qué sigue siendo negociable lo que debería ser intocable.
Esther Roig Belloch,
Periodista y presidenta ONGD MENUTS DEL MÓN
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Articulo publixcado en El Diario.es 👇
